REFORMA AL 8° CONSTITUCIONAL

DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA LXIV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN PRESENTAMOS A USTEDES LA PROPUESTA DE INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 8° CONSTITUCIONAL A FIN DE AMPLIAR Y GARANTIZAR EL DERECHO DE PETICIÓN

México a 30 de septiembre de 2020

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El nuevo contexto social impuesto por la reciente pandemia de COVID-19 ha obligado a los sectores público y privado a adoptar una serie de medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, entre ellas, la reducción de la movilidad de las personas, el confinamiento, la distanciación social y la utilización de herramientas electrónicas para la interacción.

         La llamada “nueva normalidad” exige también nuevas formas de relación e interacción entre gobierno y sociedad, que garanticen, no sólo la continuidad, sino también, la progresividad de la protección a los derechos humanos. Es por esto por lo que derechos humanos tan básicos, como el de petición, deben de encontrar mecanismos de ejercicio y protección acordes con los tiempos actuales.

El derecho de petición en la Constitución mexicana

El derecho de petición, ha ido evolucionando en el constitucionalismo mexicano. En la Constitución de 1857, se consagró por primera vez en México, el derecho de petición, en el artículo 8º: “Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito, de una manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas, sólo pueden ejercerlo los ciudadanos de la República. A toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, y ésta tiene la obligación de hacer conocer el resultado al peticionario”.

En la Constitución de 1917, se recogió, también en el artículo 8º., el derecho de petición, en términos similares:

“Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario”.

Así, en las Constituciones de 1957 y 1917, se reconoce el derecho de petición, en su más amplia extensión, como derecho y como garantía. De tal forma que la Constitución no sólo reconoce el derecho de petición, sino que además, establece el mecanismo para hacer eficaz el derecho, esto es, el derecho de respuesta.

De aquí que, cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes (según ha sido interpretado por los tribunales federales): A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido.

El derecho de petición electrónica en el ámbito internacional y en el Derecho comparado

El derecho de petición, además de estar contemplado en la Constitución mexicana, es un derecho humano reconocido en el Derecho internacional de los derechos humanos. En el caso particular del sistema americano, el artículo XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución”.

Ahora bien, tomando como punto de partida el principio de progresividad de los derechos humanos, a saber, la prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales así como la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual, se exige a todas las autoridades del Estado, en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos.

         Partiendo de esta premisa, diversos países han optado por abrir diversos canales de comunicación –vía electrónica– en aras de producir una interacción estrecha, abierta e inclusiva. Esto mediante un sistema organizado de peticiones por medios electrónicos o e-petition (en el caso británico), basados en el principio de buena fe. 

         Guerrero y Gabino (2016) remarcan que el antecedente más directo del derecho de petición es la Bill of Rights de 1689, señalando como derecho la presentación de peticiones de los súbditos al rey y declarando de ilegal toda prisión o procesamientos a los peticionarios. Notablemente, este derecho se ha ido desarrollando de tal manera que Reino Unido, en agosto de 2011, ingresó a su línea normativa los e-petitions a través del Government Digital Service (GDS). No obstante, Reino Unido ya contaba con la existencia de otros sistemas de e-petition incluyendo el Parlamento Escoces (presentado en 2004), the Number 10 Downing Street e-petitions facility (2006), la Asamblea Nacional de Gales (2008), la Cámara de los Comunes y Cámara de los Lores. 

De la misma forma, Reino Unido se ha encargado de mejorar su sistema electrónico haciéndolo mucho más eficiente y unificado. Adicionalmente, integró un Comité de Peticiones encargado de las peticiones presentadas en la página web de peticiones al parlamento, así como las peticiones públicas (escritos) presentados a la Cámara de los Comunes. Al mismo tiempo, Escocia ha ocupado un rol importante en términos de e-petitions systems, promoviendo alto grado de transparencia y accesibilidad. Actualmente, las páginas encargadas mantienen un firme compromiso derivado del contexto actual mundial. 

Alemania es otro de los países que mejor ha desarrollado un sistema de peticiones electrónicas. Actualmente, Alemania cuenta con un portal de la Comisión de Peticiones vía electrónica, en donde es posible enviar una petición de forma “directa y sencilla”, brindando la opción al ciudadano de una Petición de Publicación, de interés general y sin referencias personales; una Petición sin Publicación, para solicitudes y quejas, o bien, una Petición para Terceros mediante poder otorgado por la persona representada. Lo anterior con el debido registro a la plataforma digital del usuario que querrá presentar una petición. Estas peticiones se remiten a la Comisión de Peticiones, que examina y delibera sobre ellas, así mismo, actúa como registro del sentimiento nacional, lo cual propicia al mejoramiento de acciones encaminadas a la democracia de la nación. 

        De modo similar, Francia cuenta con una plataforma de peticiones electrónicas del Senado que permite presentar una petición o apoyar una petición ya publicada, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas en el portal y mediante una cuenta de usuario que deberá ser debidamente registrado, puesto que las peticiones no pueden ser anónimas.  

Por su parte, España establece en su Constitución el derecho de petición en su artículo 29 de la siguiente manera: “Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley”. 

La Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, en su artículo 8º, prevé lo siguiente: “Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizarse cualquier medio, incluso de carácter electrónico, que permita acreditar su autenticidad, e incluirán necesariamente la identidad del solicitante, la nacionalidad si la tuviere, el lugar o el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición”.

Hasta este punto, se pone de relieve la implementación de la petición electrónica llevada a cabo por distintos Estados de la Unión Europea, los cuales han adoptado las e-petitions mediante e-mail u otros medios electrónicos como e-formulary (que requiere el correcto registro a la página web). +

Incluso el propio Parlamento Europeo acepta peticiones presentadas a través de las herramientas anteriormente mencionadas. Estos logros de los sistemas electrónicos en la Unión Europea han expandido la posibilidad de los ciudadanos de manifestar su derecho de petición, especialmente en ciudadanos jóvenes. 

Por otro lado, en el continente americano, Colombia consagra el derecho de petición en el artículo 23 de su Constitución, de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

Sobre la base de dicho precepto constitucional, Colombia ha desarrollado progresivamente el derecho de petición. Primero, el Decreto 2150 de 1955 (Art. 26); pasando por el Decreto 1122 de 1999, el cual se tornó inexequible; hasta llegar a un Estatuto Antitrámites sobre la racionalización, estandarización y automatización de los procesos de trámites apoyándose en la utilización de herramientas tecnológicas. En junio de 2015, se expidió la Ley 1755 de 2015, la cual regula el derecho fundamental de petición y se hace mención de la presentación de las mismas por escrito “a través de cualquier medio idóneo para la comunicación y transferencia de datos”. 

Toda petición hecha, deberá resolverse dentro de los quince días siguientes a su recepción. En los casos en que la petición es enviada a través de cualquier medio idóneo, ésta tendrá como datos de fecha y hora de radicación los registrados en el medio por el cual se han recibido los documentos. Así mismo ninguna autoridad podrá negarse a la radicación de solicitudes respetuosas. La radicación correspondiente se hará mediante un portal de internet a partir del respectivo registro de usuario, y el ingreso de datos que resulten relevantes para la correcta radicación, sin embargo, la petición, en ningún caso, podrá ser rechazada por motivos de fundamentación inadecuada o incompleta. Finalmente, es necesario mencionar que las actuaciones y procedimientos administrativos generales en Colombia se inician por derecho de petición escrito, verbal o por medios electrónicos. 

EL CASO ALEMÁN

Uno de los países que mejor ha desarrollado la petición electrónica es Alemania. La tendencia de modernización del sistema de peticiones en Alemania inició mediante reformas por el Parlamento Federal – Bundestag– en 2005, con las peticiones vía electrónica. Alemania observó las e-petitions como área de oportunidad para desarrollar la promoción y expansión de la participación ciudadana (democracia), el incremento del uso del internet en la esfera política y la computarización de los parlamentos, así como el incremento de control de competencias y legitimación sobre la transparencia en los procedimientos. La base legal que ha hecho efectivo esta modernización se encuentra en el artículo 17 de la Ley Fundamental de Alemania, sobre el derecho de petición, a saber: “Toda persona tiene el derecho de presentar individual o colectivamente, por escrito, peticiones o reclamaciones a las autoridades competentes y a los órganos de representación del pueblo”. 

Este artículo garantiza el derecho de petición independientemente de que sea mayor de edad, extranjero o residente. Adicionalmente, y de acuerdo al portal implementado para la recepción de peticiones electrónicas, el único requisito es que la petición se presente por escrito o en línea utilizando el e-formulary a la autoridad que resulte competente, así mismo, las peticiones que no son de competencia constitucional del gobierno federal se presentan a la comisión de peticiones del parlamento, siempre que el Estado tenga jurisdicción. La Ley Fundamental de Alemania regula la Comisión de Peticiones en su artículo 45c:

(1) El Bundestag designará una Comisión de Peticiones encargada de examinar las peticiones y quejas dirigidas al Bundestag en virtud del artículo 17. 

(2) Una ley federal regulará las facultades de la Comisión el examen de las quejas. 

La Comisión de Peticiones ha sido el principal punto de acceso en el Bundestag desde 1949; se ocupa de la recepción de peticiones que se refieren a sus tareas legislativas o que contienen quejas sobre las autoridades federales, las cuales deberá examinar y responder. Además, puede intervenir como mediador cuando se trate de problemas con las autoridades federales y otros organismos bajo jurisdicción federal. Por un lado, el ciudadano puede reclamar frente a una acción administrativa concreta. Por otro, con su petición formula sugerencias para la legislación. En el portal de peticiones, es posible presentar una nueva petición o bien, leer, discutir y seguir las peticiones publicadas. De aquí que sea conveniente, hacer la distinción entre los dos tipos de peticiones que se pueden realizar: 

Petición para publicación

La petición pública es una petición presentada de manera electrónica para publicarse en el sitio web de la Comisión de Peticiones. Desde la publicación, los usuarios (previo registro al portal) tienen la oportunidad durante un periodo de cuatro semanas de firmas la petición. Si dicha petición consigue 50,000 partidarios en el plazo establecido, la petición llega a quórum y se tiene la oportunidad de discutir las preocupaciones con los diputados en una reunión pública de la Comisión de Peticiones del Bundestag. No obstante, cada petición se examina en el parlamento independientemente del número de firmas obtenidas. Para ello, la petición debe contar con ciertos criterios esenciales:

La petición debe ser de preocupación o interés general. 

No debe contener referencias personales. 

Sólo serán publicados temas de los que se espera una discusión fáctica. 

Así mismo, no serán admitidas peticiones que no cumplan, o en su caso, cumplan con el apartado 3 y 4 de la Política de Peticiones Públicas. Puesto que se aplica un estricto estándar de evaluación. 

Petición sin publicación 

La petición sin publicaciones se refiere a aquellas peticiones individuales con el fin de presentar solicitudes o quejas, puede ser un asunto personal o una preocupación de carácter general. Al igual que el anterior tipo de petición, éste necesita registro del usuario a la plataforma. 

En ambos casos, una vez que los fundamentos de la petición han sido examinados, el peticionario recibe un acuse de recibo. Posteriormente, se solicita al Ministerio Federal o autoridad federal de supervisión competente un dictamen referido a la inquietud del peticionario. Es posible que la petición se resuelva en esta etapa, caso contrario será objeto de discusión de cuando menos dos diputados, con invitación opcional a expertos, Secretarios de Estado o ministros para debate del tema. Finalmente, la Comisión, bajo aprobación de la petición, envía una recomendación al Bundestag alemán, que adoptará la resolución correspondiente que luego remitirá al Gobierno Federal. Lo anterior funge como registro del sentimiento nacional, lo cual propicia al mejoramiento de acciones encaminadas a la democracia de la nación.

Criterios jurisdiccionales sobre el medio electrónico como forma de ejercer el derecho de petición

En su interpretación del artículo 8º constitucional, los tribunales federales han reconocido que el derecho de petición no sólo puede ejercerse por escrito, sino también a través de documentos digitales, como serían los enviados por internet. Pero han supeditado su correlativa obligación de respuesta a que la instancia gubernamental ante la cual se promueva, prevea esa opción dentro de la normatividad que regula su actuación y se compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada.

Respecto al primer requisito, a saber, que se prevea esa opción dentro de la normatividad que regule la actuación de la autoridad, el ordenamiento jurídico mexicano ofrece diversas regulaciones, según la materia que se trate. Si bien es cierto que algunas normatividades prevén la opción: materia fiscal, desarrollo urbano, protección al consumidor, transparencia, entre otras; también lo es que en la vasta mayoría de las materias no existe dicha opción: medio ambiente, salud, por mencionar algunas.

El otro requisito, que se compruebe de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue enviada, no está exento de problemas. Aunque por lo regular, los mensajes enviados mediante medios electrónicos o digitales se estiman válidos por el sello digital o cadena criptográfica obtenidos de Internet, no existe en todos los casos la convicción de haberse recibido por la autoridad.

Actualmente, el país, así como el mundo, enfrenta una de sus mayores amenazas: la pandemia COVID-19. México ha hecho frente a retos específicos que traen consigo crisis en ámbitos de Derechos Humanos. La falta de cobertura integral al derecho de petición trae consigo falta de representatividad derivados de la imposibilidad de movilidad por distanciamiento social y limitado acceso a espacios públicos y físicos. 

Pero incluso, antes de la pandemia COVID-19, ha sido una tendencia mundial el usar más la comunicación vía electrónica, y cada vez menos la comunicación vía el transporte físico de documentos en papel. De aquí que, cada vez resulta más apremiante la necesidad de que México incorpore las peticiones por medios electrónicos, en la medida en que éstas cada día se van volviendo más accesibles que las peticiones por escrito. Avanzar en la accesibilidad del Derecho Humano, es avanzar en su progresividad.

Tendencia que también en nuestro país se observa (por ejemplo, la implementación de procesos judiciales virtuales, así como de trámites administrativos también en línea). Aunque esto, sin desconocer que la vía escrita puede seguir siendo la preferida para comunicarse con las autoridades físicamente más cercanas, como las autoridades municipales rurales; además de que la vía escrita puede seguir siendo la más accesible para sectores de población en situación marginal, así como para las personas de mayor edad. Por todo lo cual, la implementación de la vía electrónica, no puede eliminar la vía escrita, sino coexistir con ésta como dos vías alternativas y complementarias. 

Las peticiones y sus correspondientes respuestas, si se formulan y comunican por la vía electrónica, en lugar de la vía del papel físico; se pueden registrar, procesar y archivar, de manera más fácil pues se pueden sistematizar, y de manera más económica pues se ahorra espacio y también papel y gastos de transporte o mensajería para comunicar el acuerdo escrito.

Además de que disminuir el uso de papel, constituye una práctica mas favorable para la preservación del medio ambiente.

Lo anterior pone de relieve la necesidad de transformación del aparato estatal que haga posible el correcto desarrollo de este derecho, y con ello se promueva una cultura de la petición que dará como consecuencia una interacción más estrecha entre sociedad y la administración pública. 

Derivado de lo anterior resulta la necesidad de proveer a los ciudadanos herramientas óptimas y homogéneas para garantizar el derecho de petición a través de cualquier medio idóneo, y particularmente a través de medios electrónicos. Dichas herramientas deben instrumentarse por todos los órganos del Estado, proveyéndose medios sencillos que comprueben de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue recibida. Sólo de esta forma se puede ofrecer a los ciudadanos la seguridad jurídica de que su petición debe ser respondida.

Por las razones expuestas, es que se considera necesaria una reforma constitucional, para incorporar que la petición por escrito pueda presentarse por cualquier medio idóneo, incluyendo los electrónicos. Al respecto, para una mayor claridad, se muestra en el siguiente cuadro comparativo, la redacción actual del artículo 8º, primer párrafo de la Constitución, y la redacción propuesta:

TABLA 1

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, pudiendo presentarse por cualquier medio idóneo, incluyendo los electrónicos, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

[…].

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 180 días a partir de la entrada en vigor del mismo, debiendo incluir disposiciones que establezcan herramientas óptimas y homogéneas para garantizar el derecho de petición a través de cualquier medio idóneo, y particularmente a través de medios electrónicos.

TERCERO.- Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, en un plazo que no excederá de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del contenido del presente Decreto.

CUARTO.- Los órganos del Estado, en sus tres niveles de gobierno, a fin de garantizar el derecho de petición electrónica, en un plazo que no excederá de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán instrumentar e implementar buzones electrónicos o plataformas digitales, o, en su caso, habilitar un sistema de recepción de mensajes electrónicos, a través de los cuales, los ciudadanos puedan ejercer el derecho de petición, proveyendo medios sencillos que comprueben de manera fehaciente que la solicitud electrónica fue recibida.

Comunidad Reforma al 8

Alan Canales, estudiante de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey (FLDMTY); Arantza Guzmán, Estudiante del Tec Campus Puebla; Carlos Arenas, Magistrado y catedrático de la FLDMTY; Conrado Gómez, Abogado litigante y catedrático del Tec campus Monterrey; Felipe R. Parra, estudiante de la FLDMTY; Guillermo Ucha, estudiante del Tec Campus Monterrey; José Pellegrin, estudiante del Tec Campus Puebla; Juan Diego Silva, estudiante de la FLDMTY; Juan Manuel Ramos, defensor de Derechos Humanos y Mariana Carbajal Ramírez, estudiante del Tec campus Puebla

CONTACTO

Felipe R. Parra felipe97.com@gmail.com Movil: 8442832090 comunidad@trespies.mx

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